La década perdida de Japón, como se denomina al periodo posterior a la burbuja inmobiliaria de 1980, presenta características singulares que permiten el estudio de fenómenos como la espiral deflacionaria, estanflación, tasas reales de interés negativas o la trampa de liquidez, que, para algunos economistas, llegó a considerarse una utopía matemática.
Hasta el comienzo de la década de los noventa, la economía japonesa era concebida como una de las grandes potencias industriales. Se convirtió en ejemplo de novedosos métodos de producción; llamaban la atención sus sistemas de calidad, la participación de los trabajadores en las empresas, los sistemas de remuneración, así como los métodos de administración empresarial que eran objeto de estudio y modelo a seguir, para otras economías menos desarrolladas. Esta admiración estaba respaldada por niveles de crecimiento superiores al 6%, con bajas tasa de inflación y desempleo.
A pesar de todo, esta situación envidiable se convirtió rápidamente en una burbuja inmobiliaria, cuando la política monetaria favorecía la especulación, sobre todo, en el precio de las propiedades. Un ejemplo de ello es el terreno del Palacio Imperial en Tokio que llegó a cotizarse un valor por encima de lo que costaba todo el estado de California.
Cuando la caída en los precios comenzó, las deudas adquiridas por los consumidores y en especial por los especuladores no pudieron pagarse y, como efecto dominó, se llegó a un contexto de recesión. Es común que ante estas circunstancias, los gobiernos recurran a política monetaria con reducciones en las tasas de interés o a política fiscal con disminuciones de impuestos.
Pero lo que no se espera es que todo el gasto público no se traduzca en una expansión del consumo. En Japón el costo por inyectar grandes cantidades de recursos públicos fue más alto que el beneficio social. Durante los años 90, el gasto del gobierno superó en 60% a los ingresos nacionales, esta brecha fue la más alta entre los países industrializados de la época.
Los consumidores retrasaban sus compras con la expectativa de que, al día siguiente, los mismos bienes podrían encontrarse más baratos. En este punto, es necesario considerar que los japoneses se caracterizan por tener una alta propensión al ahorro que, en situaciones ordinarias, se encuentra entre el 15-20%, mientras que en economías occidentales esta porción alcanzaba un máximo del 10%, como fue el caso de Estados Unidos. El gobierno debía tomar en cuenta este factor mucho antes de llegar a tasas de interés nominales iguales a cero que, en términos reales, se traducen en tasas negativas. Este fenómeno, conocido como trampa de liquidez, es resultado del uso excesivo de política monetaria expansiva, donde la reducción en las tasas de interés no se traduce en mayor inversión ni consumo; ocurre cuando las tasas son muy cercanas a cero. Entonces, ¿cómo reactivar una economía que especula de forma generalizada, no tiene incentivos para producir y en la que los subsidios se destinan más al ahorro que al consumo?
Al cabo de una década de retroceso productivo y social, el gobierno decidió focalizar los subsidios en la clase media y las zonas rurales marginales, a través de la emisión de certificados de consumo “por tiempo limitado”, con el fin de evitar los retrasos en las compras.
Durante los últimos años, Japón ha logrado salir progresivamente del círculo vicioso que genera la deflación. Desde el año 2010, el crecimiento promedio ha sido del 1,9%. No obstante, se temen recaídas en la producción nacional y el gobierno de Shinzo Abe está atento a cualquier señal de disminución en los precios. Desde el año 2003, se han repetido en numerosas ocasiones paquetes de estímulos al consumo. En el país, estas medidas se han llegado a conocer como “Abenomics”.
La última aplicación de estos subsidios se llevó a cabo en el 2014, cuando el gobierno incrementó el IVA. Pese a que la diferencia sea solamente del 3%, Japón ha vivido únicamente tres subidas de este impuesto en toda su historia y sigue siendo un país muy sensible a cualquier alza en este terreno.
Si bien resulta difícil identificarse con una propensión al ahorro tan elevada y además muy sensible, este caso permite recordar las limitaciones de políticas “genéricas” o recetas internacionales que se aplican sin tomar en cuenta la complejidad que envuelve cada nación.
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