Empecemos
por reflexionar cómo era el sistema político de Ecuador hasta el 2007.
Efectivamente, tuvo su origen en el retorno a la democracia en 1979, luego de
las dictaduras de J. Velasco Ibarra, la del Gral. G. Rodríguez Lara y la del
triunvirato militar que tuvieron lugar entre 1970 y 1979. Durante los años
previos al retorno a la democracia, también ocurrió un evento económico de suma
importancia en el país, finalmente nos convertimos en un exportador de petróleo.
La bonanza económica parecía que nunca se iba a acabar, no importaba cuan mal
se manejaran las finanzas públicas, pero se acabó en 1980. El endeudamiento
externo apoteósico al que había dado lugar el ‘oro negro’; de un poco más de
$300 millones en 1972 a $4400 millones de dólares en 1981; dio paso a la
creciente devaluación e inflación que sería característica habitual de los
próximos veinte años en el país. Algo, que debe enfatizarse es la relación
entre las políticas de ajuste entre 1981 y 2000 y los desequilibrios
macroeconómicos de la década de 1970 provocados por la ilusión de que el dinero
del petróleo siempre iba a sobrar.
El
sistema político que rigió entre 1979 y 2007; a pesar de las dos constituciones
que tuvo el período la de 1979 y la de 1998; se puede describir como uno en el
que el poder político se dividió entre sus principales partidos: el Partido
Social Cristiano del líder León Febres Cordero, la Democracia Popular del líder
Osvaldo Hurtado y en cierta medida la Izquierda Democrática del líder Rodrigo
Borja. Al decir, que el poder estaba dividido entre estos partidos se implica
que la función ejecutiva, legislativa, y judicial no estaban concentradas en
uno sólo de ellos. Incluso la función electoral era controlada de manera compartida
por estas fuerzas.
Ahora,
cuando decimos que estaba dividido no debe entenderse esto como una división de
poderes con instituciones fuertes, sino sólo que estaba repartido pero que las
instituciones políticas eran débiles. Por ejemplo, según el World Governance
Indicators publicados por el Banco Mundial, en el índice de Estado de Derecho
entre 1998 y 2008 el Ecuador empeoró su ubicación con una calidad institucional
más cercana a Venezuela, Sudán, e incluso Sierra Leona; pero a su vez muy
lejana de países como Estonia, Suiza, y Panamá. Al mismo tiempo, como si habían
restricciones al poder ejecutivo el índice de Polity IV elaborado por el Center
for Systemic Peace calificaba a Ecuador como menos autoritario entre 1990 y
2008, luego de lo cual nos calificó como un país más autoritario por la
eliminación de restricciones al ejecutivo. En este último índice ya a Ecuador
no se lo ubica dentro de los países con democracias sólidas sino lo que denominan
como ‘anocracia’ que básicamente describe países con elecciones pero con
instituciones capturadas por un ejecutivo sin límites.
Rafael
Correa, capitalizó sobre la insatisfacción popular con el régimen político
anterior, pero, en lugar de sentar las bases de uno con instituciones políticas
más fuertes, en realidad ha provocado un mayor deterioro de las mismas. Antes,
los líderes populistas apoyados en una ideología de izquierda ganaban las
elecciones con esa plataforma pero al momento de llegar al poder asentían con
ese status quo; y aquel que no lo hiciere era cesado en sus funciones y hasta
exiliado del país. Ya no fue así, desde el 2007. El cambio que muchos
seguidores de este nuevo status quo celebran es que ya no son las mismas caras
las que toman las decisiones más importantes, otorgan contratos, o bloquean a
nuevos líderes, sino que es alguien diferente que sí los toma en cuenta aun
cuando los cambios requeridos no han ocurrido. La paradoja es que esa misma
estructura institucional débil que les permitía controlar a los ejecutivos
hasta 2007, es la que facilitó que oportunistas como Correa concentrarán todos
los poderes.
Voy a
usar teoría de juegos para explicar de manera general lo anterior. El
equilibrio institucional del viejo régimen se describe como un dilema de
prisionero entre el status quo y el candidato que buscaba la presidencia. El
status quo define si el país tiene una institucionalidad débil o fuerte,
mientras que el candidato si asiente o se rebela contra ello. El cuadro indica
los números que señalan los pagos, donde para cada par (a, b) el primer pago
corresponde al jugador horizontal y el segundo al vertical. En nuestro caso, el
status quo y candidato, respectivamente. El equilibrio del mismo se da por el
par (2,2), demuestra que tanto el status quo como el candidato retador
mejoraban su posición de pagos con una institucionalidad débil y el retador
asintiendo.
Cuadro
1
Viejo Régimen
|
||
|
Asiente
|
Rebela
|
Débil
|
2,2
|
4,1
|
Fuerte
|
1,4
|
3,3
|
Lo que
muchos votantes esperaron con la llegada de Alianza País (AP) era un movimiento
hacia el par (3,3). Pero lo que más bien pasó fue que se estableció un nuevo
régimen luego del congreso de los manteles. En el que el nuevo status quo
detenta monolíticamente el poder y está en manos de AP. En este nuevo dilema de
prisionero que la sociedad enfrenta los retadores tienen aún menos recompensas
por rebelarse, según el Cuadro 2.
Cuadro 2
Régimen AP
|
||
|
Asiente
|
Rebela
|
Débil
|
4,3
|
3,0
|
Fuerte
|
0,3
|
2,2
|
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