viernes, 11 de agosto de 2017

LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL PODER EN ECUADOR

Pedro Romero Alemán

Empecemos por reflexionar cómo era el sistema político de Ecuador hasta el 2007. Efectivamente, tuvo su origen en el retorno a la democracia en 1979, luego de las dictaduras de J. Velasco Ibarra, la del Gral. G. Rodríguez Lara y la del triunvirato militar que tuvieron lugar entre 1970 y 1979. Durante los años previos al retorno a la democracia, también ocurrió un evento económico de suma importancia en el país, finalmente nos convertimos en un exportador de petróleo. La bonanza económica parecía que nunca se iba a acabar, no importaba cuan mal se manejaran las finanzas públicas, pero se acabó en 1980. El endeudamiento externo apoteósico al que había dado lugar el ‘oro negro’; de un poco más de $300 millones en 1972 a $4400 millones de dólares en 1981; dio paso a la creciente devaluación e inflación que sería característica habitual de los próximos veinte años en el país. Algo, que debe enfatizarse es la relación entre las políticas de ajuste entre 1981 y 2000 y los desequilibrios macroeconómicos de la década de 1970 provocados por la ilusión de que el dinero del petróleo siempre iba a sobrar.

El sistema político que rigió entre 1979 y 2007; a pesar de las dos constituciones que tuvo el período la de 1979 y la de 1998; se puede describir como uno en el que el poder político se dividió entre sus principales partidos: el Partido Social Cristiano del líder León Febres Cordero, la Democracia Popular del líder Osvaldo Hurtado y en cierta medida la Izquierda Democrática del líder Rodrigo Borja. Al decir, que el poder estaba dividido entre estos partidos se implica que la función ejecutiva, legislativa, y judicial no estaban concentradas en uno sólo de ellos. Incluso la función electoral era controlada de manera compartida por estas fuerzas.

Ahora, cuando decimos que estaba dividido no debe entenderse esto como una división de poderes con instituciones fuertes, sino sólo que estaba repartido pero que las instituciones políticas eran débiles. Por ejemplo, según el World Governance Indicators publicados por el Banco Mundial, en el índice de Estado de Derecho entre 1998 y 2008 el Ecuador empeoró su ubicación con una calidad institucional más cercana a Venezuela, Sudán, e incluso Sierra Leona; pero a su vez muy lejana de países como Estonia, Suiza, y Panamá. Al mismo tiempo, como si habían restricciones al poder ejecutivo el índice de Polity IV elaborado por el Center for Systemic Peace calificaba a Ecuador como menos autoritario entre 1990 y 2008, luego de lo cual nos calificó como un país más autoritario por la eliminación de restricciones al ejecutivo. En este último índice ya a Ecuador no se lo ubica dentro de los países con democracias sólidas sino lo que denominan como ‘anocracia’ que básicamente describe países con elecciones pero con instituciones capturadas por un ejecutivo sin límites.

Rafael Correa, capitalizó sobre la insatisfacción popular con el régimen político anterior, pero, en lugar de sentar las bases de uno con instituciones políticas más fuertes, en realidad ha provocado un mayor deterioro de las mismas. Antes, los líderes populistas apoyados en una ideología de izquierda ganaban las elecciones con esa plataforma pero al momento de llegar al poder asentían con ese status quo; y aquel que no lo hiciere era cesado en sus funciones y hasta exiliado del país. Ya no fue así, desde el 2007. El cambio que muchos seguidores de este nuevo status quo celebran es que ya no son las mismas caras las que toman las decisiones más importantes, otorgan contratos, o bloquean a nuevos líderes, sino que es alguien diferente que sí los toma en cuenta aun cuando los cambios requeridos no han ocurrido. La paradoja es que esa misma estructura institucional débil que les permitía controlar a los ejecutivos hasta 2007, es la que facilitó que oportunistas como Correa concentrarán todos los poderes.

Voy a usar teoría de juegos para explicar de manera general lo anterior. El equilibrio institucional del viejo régimen se describe como un dilema de prisionero entre el status quo y el candidato que buscaba la presidencia. El status quo define si el país tiene una institucionalidad débil o fuerte, mientras que el candidato si asiente o se rebela contra ello. El cuadro indica los números que señalan los pagos, donde para cada par (a, b) el primer pago corresponde al jugador horizontal y el segundo al vertical. En nuestro caso, el status quo y candidato, respectivamente. El equilibrio del mismo se da por el par (2,2), demuestra que tanto el status quo como el candidato retador mejoraban su posición de pagos con una institucionalidad débil y el retador asintiendo.

Cuadro 1
Viejo Régimen

Asiente
Rebela
Débil
2,2
4,1
Fuerte
1,4
3,3
Lo que muchos votantes esperaron con la llegada de Alianza País (AP) era un movimiento hacia el par (3,3). Pero lo que más bien pasó fue que se estableció un nuevo régimen luego del congreso de los manteles. En el que el nuevo status quo detenta monolíticamente el poder y está en manos de AP. En este nuevo dilema de prisionero que la sociedad enfrenta los retadores tienen aún menos recompensas por rebelarse, según el Cuadro 2.

 Cuadro 2
Régimen AP

Asiente
Rebela
Débil
4,3
3,0
Fuerte
0,3
2,2
En el nuevo equilibrio (4,3) la asimetría se explica por la concentración de poder en un solo partido. Pero, la solución no es simplemente rebelarse y seguir jugando bajo el juego de AP, ni tampoco volver al viejo régimen. Lo más importante es que todos los insatisfechos con el régimen de AP; tanto los que votaron por G. Lasso como los que anularon y hasta ausentes; establezcan un nuevo orden que descanse sobre una fuerte institucionalidad donde las cortes de justicia no sean capturadas por ningún político, y la sociedad civil sea la que tenga el rol protagónico. La ‘revolución ciudadana’ sólo ha significado un reemplazo del poder político anterior por uno solamente concentrado en ellos, empeorando nuestra institucionalidad ya débil de por sí.  

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