Todos los años el Fisco debe
asumir un egreso importante como consecuencia de los subsidios. En el año 2015 el estado ecuatoriano, destinó $6000 millones del presupuesto público para este gasto, y para el 2016,
disminuyó a $3193 millones. La reducción se produjo debido principalmente a la reducción en las transferencias a la seguridad social al
eliminar un monto fijo asignado al IESS, rubro que pasó a un libro de
deuda. Este monto puede ser reclamado al Estado por la seguridad social cuando
sea necesitado. Uno de los rubros más importantes dentro de este egreso, es el
subsidio destinado a los derivados del petróleo. El año pasado, el Fisco
presupuestó $1888 millones para este tipo de subsidios. Es importante recalcar
que los subsidios no están bien asignados ya que las personas beneficiadas de
esta transferencia deberían ser, solamente, aquellas que tienen baja capacidad
de consumo de ciertos bienes y servicios que son imprescindibles para su bienestar.
Es por esta razón que el subsidio debe ser focalizado a cierto grupo económico,
y no debe ser entregado como pago por un compromiso político.
Por otro lado, el problema
radica también, en la forma en la que se financian los subsidios, ya que
para esto, el gobierno requiere recursos que tienen que provenir ya sea de impuestos o por deuda pública. Cuando se financian vía
impuestos, estos actúan como un desincentivo para la producción o el consumo. Por otro lado, cuando las transferencias se financian con deuda pública, el estado aquiere un compromiso que debe ser
pagado en el mediano o largo plazo disminuyendo el consumo futuro.
Si bien el subsidio ha sido mal destinado y utilizado con segundas
intenciones, el costo político de eliminarlo o reducirlo es bastante alto, razón
por la cual se debería educar a la población tanto sobre las ventajas como las
desventajas del mismo y a su vez buscar
compensaciones que deberían estar incorporadas dentro de un plan económico con el
objetivo de disminuir el peso político de la eliminación de los subsidios.
El candidato del oficialismo
en una actitud completamente demagógica ha ofertado en su campaña política, incrementar
el Bono de Desarrollo Humano a $150. Esto implica un incremento en el Gasto
Público de al menos 700 millones de dólares anuales adicionales. La pregunta
es: ¿cómo piensa financiar este incremento? Si lo hace vía impuestos estaría
desincentivando aún más la producción y el consumo y si lo hace vía deuda
pública estaría cayendo en un acto irresponsable de transferir el peso a las
generaciones futuras.
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